[Ayotzinapa] · Abel Barrera: “Aceptar la versión del gobierno significaría ser víctimas de la mentira y cómplices de la impunidad”.


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Dos años después de la masacre de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos continúan su lucha para encontrar a los jóvenes, a pesar del bloqueo de la investigación por parte de las instituciones mexicanas.


Por Desinformémonos. 27/09/16.

Fuente: acá


“Los dos años de Ayotzinapa marcan un nuevo derrotero. Han pasado 730 días y la respuesta de las autoridades son mentiras y la fabricación de una supuesta verdad”, afirma Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan con sede en Tlapa, Guerrero. “Ayotzinapa sigue marcando nuestra vida y la manera en cómo acompañamos a las víctimas de un sistema que excluye a quienes aspiran a vivir dignamente”, asegura en entrevista una de las personas más cercanas a todo el proceso que inició con ladesaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014.

Abel Barrera, se dispone a emprender un viaje más a Tlapa, lugar de donde es originario y en donde desde hace 22 años dirige Tlachinollan. Son casi las 10 de la noche del jueves 22 de septiembre, cuatro días antes de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El día es frío y el viaje será largo, pero su presencia en la Ciudad de México responde, dice, a la necesidad de organizarse para aumentar la voz en busca de justicia que se escuchará desde las comunidades de la Montaña y en diversas partes del mundo.

Para el defensor de derechos humanos, el Gobierno federal tiene que demostrar científicamente a las madres y padres de los normalistas que “en verdad sus hijos ya no están, pues mientras eso no suceda no se puede ser rehén de una falsa verdad. Como sociedad, eso significaría ser víctimas de la mentira y cómplices de la impunidad, sería permitir que el gobierno siga usando la fuerza y que continúen las atrocidades que cometen los diferentes agentes del Estado en contubernio con la delincuencia organizada”.

Las madres y padres de Ayotzinapa, dejaron su casa, su parcela, familia, a sus demás hijos. Lo dejaron todo por buscar a los 43 estudiantes. “Dan una enseñanza nacional de lo que significa amar a alguien que está en las entrañas de su vida, pero al mismo tiempo están ofrendando este sacrificio para cambiar el país, el sistema, la manera en cómo se trata a las víctimas, para no seguir siendo cómplices de esta tragedia, de la violencia en donde autoridades de todos los niveles, están coludidas con el crimen organizado”, opina quien ha acompañado cada uno de sus pasos.

Un día Abel caminaba por el centro de Tlapa cuando vió que Leocadio Ortega entró a un mercado preguntando: “¿Compra café, patrona? ¿compra café, patrón?”. El padre del normalista Mauricio Ortega Valerio había caminado al menos 20 metros y nadie le compraba. Abel relata como su corazón “se estrujó” al reconocer que la situación de precariedad y pobreza no sólo la vive Leocadio, sino las 43 familias de Ayotzinapa, quienes, “además del dolor y la desaparición por sus hijos, tienen que conseguir recursos para su sustento básico y para continuar la lucha, con la esperanza de encontrarlos”.

Esa escena hizo recordar al defensor “a la gente pobre de la Montaña que bajaba hace años con el tecoltete a vender su mercancía: frutas, granadilla, carbón, huevos de gallina, y que muchas veces los mestizos les pagaban lo que ellos querían o les arrebataban la mercancía, ya no se las pagaba y no les quedaba de otra, más que resignarse y regresarse sin dinero”.

Ver a Leocadio, padre de Mauricio, recordó al también profesor de la UPN, “esas imágenes dolorosas, por el trato discriminatorio y el sufrimiento de lo que significaluchar en la Montaña para sobrevivir”.

Abel se acercó para saludar a Leocadio. Quería saber cómo estaba, si ya había comido y comprarle al menos una bolsa de café. Al mirarlo, el pápa de uno de los 43 sonrío. “¡Qué pasó licenciado!”, le dijo Leocadio, quien es de origen me´phaa. Le contó a Abel que había pedido permiso para ausentarse unos días de la Normal para poder trabajar. Él y su esposa estaban enfermos y no tenían dinero, por lo que regresó a Montealegre, la comunidad de donde es originario, cortó leña, molió café y viajó a Tlapa con la esperanza de vender algo y juntar unos centavos.

Mientras terminaban la plática, el padre del normalista sacó del morral que traía en la espalda una bolsa de café: “Tenga licenciado, para que tomes café”. Abel quiso comprársela pero Leocadio se negó, argumentando que “a los amigos no se les vende”.

Los han despojado de mucho, pero lo que no les han quitado es ese corazón grande, los sentimientos nobles, la dignidad y la fuerza para poder luchar y para poder continuar fomentando la vida, la alegría y la esperanza de poder ver un día a sus hijos graduados de maestros”, relata Barrera Hernández en tono emotivo.

Esos son los padres y las madres que han sentando en el banquillo de los acusados al propio presidente de la República, quienes con las palabras “más sencillas pero contundentes” le han preguntado “qué sentiría si uno de sus hijos estuviera desaparecido, si viera el rostro de su hijo destruido o si lo viera postrado en la cama, como es el caso del normalista Aldo Gutierrez, a quien le han declarado muerte cerebral después del balazo que recibió en la cabeza en septiembre de 2014”.

Abel recuerda también el primer encuentro de los familiares con el presidente. CuandoPeña Nieto era cuestionado, “evadía la mirada de los familiares que lo encaraban. Al escuchar el reclamo profundo de justicia y el dolor más cruento, volteaba a ver su libreta, donde escribía cuando alguien le decía “póngase en mi lugar, ¿usted que haría?”. Para Abel, ese emplazamiento directo ha sido “uno de los momentos más tensos y profundos a la figura presidencial, que quedará marcado en la historia de nuestro país”.

A pesar de tal encuentro, las madres y padres quedaron sumamente frustrados y enojados por el inclumplimiento de su palabra. “Peña Nieto dijo que haría todo lo que estuviera en sus manos, ‘tope donde tope’, pero en dos años todavía no topa nada. Sólo se topó con Tomás Zerón y prefirió protegerlo y ascenderlo de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) a secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional”.

Para el director de Tlachinollan, palabra en náhuatl que significa “lugar de los campos quemados”, el caminar de las madres y los padres ha sido largo, no hay respuestas claras del gobierno sino muchas mentiras, agravios y desprecio hacia ellos. “Una complicidad que se nota a leguas, donde el gobierno premia la impunidad, como ha pasado con Zerón, pues a pesar de ser evidente su participación en la fabricación de la ‘verdad histórica’, fue premiado en vez de ser castigado. La promesa presidencial ha quedado hueca”.

A pesar de ello, reafirma Abel, las familias han sacado fuerzas, casi de manera milagrosa. Siguen gritando, encontrando energía para no decaer y no doblegarse. Ante esta indignación y ante tanta rabia, “el dolor que llevan a cuestas es fatal pero la esperanza es mayor”.

Abel recuerda a una madre que, cuando supo de la desaparición de su hijo, estaba a horas de realizársele una quimioterapia porque ya le habían detectado cáncer. Se fue al tratamiento y después de su recuperación “sacó la fortaleza y se incorporó a la lucha, está fuerte. El dolor de la desaparición de su hijo la levantó, pudo más su esperanza que esa enfermedad que destruye, hay dolor pero sigue de pie, firme, caminando y encarando a la autoridad”.

Tlachinollan, junto con el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa y el Centro de Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las otras dos organizaciones que acompañan a las familias de Ayotzinapa, son testigos del desgaste físico y emocional de las madres y padres, quienes ven afectada su salud con enfermedades como hipertensión, diabetes, problemas estomacales. En palabras de Abel, “así como cargan con el dolor de la desaparición, cargan con enfermedades que se les han agudizado”.

La mayoría de ellos tienen una edad que rebasa los 40 o 50 años, son visibles el desgaste y sufrimiento. Las madres, principalmente, han tenido que reposar un poco, pues caminar se ha vuelto un desafío, varias de ellas están enfermas, los síntomas se acumulan en medio de su dolor. Para no dejar de asistir a las actividades de búsqueda, algunas madres no van al médico porque “no tiene sentido, no hay enfermedad que valga para ellas, no hay dolor que sea mayor que el sufrimiento de la desaparición de sus hijos. Comparado con lo que sufren por no encontrarlos, los problemas de salud no son nada”.

Durante estos días de búsqueda, las abuelas juegan un papel central en el cuidado de sus otros nietos, pero además de los achaques de la edad, sufren porque quisieran estar también en las calles, pero no pueden salir de sus casas y algunas ni siquiera de sus camas. Sufren con el tormento que significa no tocar más a uno de sus nietos, no escuchar más sus voces.

Abel hace una pausa y da cuenta de que fue el pasado 18 de agosto cuando murió la abuela de Adán Abraham, otro de los estudiantes desaparecidos, y quien, según sus familiares “no murió de ninguna enfermedad más que de la tristeza de no saber nada de su nieto. Se llevó a la fosa el dolor, la incertidumbre e indignación y las mentiras del gobierno”, afirma Abel.

Son casi las 10.50h de la noche, el antropólogo de Tlapa se escucha cansado, pero cada una de sus respuestas trae consigo un compromiso del que no cabe la menor duda. Recuerda con preocupación la situación de las madres solteras, quienes son padre y madre, velan por su salud, la de sus otros hijos, y quienes resuelven las necesidades económicas y problemas en sus hogares, aunque no estén en ellos.

Las que han recurrido incluso a los médicos más económicos cuando ha sido necesario. Igual que las otras madres y los padres están convencidas de que “no hay tratamiento más adecuado que saber algo de sus hijos, no hay tema más importante que saber su paradero. Ésa es la mejor medicina y el mejor alivio. Las enfermedades van destruyendo la fortaleza física pero no han destruido su espíritu combativo, el espíritu de búsqueda de justicia”.

A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, la impunidad prevalece, pero dejar de buscarlos, cesar la exigencia de justicia y verdad “sepultaría los sueños de los jóvenes, nos sometería al monopolio de la información gubernamental, a aceptar un sistema que violenta nuestra vida y que nos hace rehenes de la delincuencia, de políticas que generan mayor terror, implicaría asumir que la ‘verdad’ construida por el Estado, aquella que afirma que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y que fuedesenmascarada por los expertos internacionales”.

Su lucha contra la impunidad

Barrera Hernández comparte con molestia que los familiares han tenido la amarga experiencia de tocar las puertas ante las diferentes instancias de nuestro país: la presidencia, la secretaría de gobernación, la PGR, pero la tendencia es “encubrir a los responsables, cuidar los intereses de un grupo político, falta de avocación en las investigaciones científicas, manoseo y fabricación de supuestas investigaciones; graves inconsistencias; búsquedas simuladas de los estudiantes; falta de voluntad política para investigar a los militares; una barrera que fomenta la falta de acceso a la justicia y la corrupción.

Abel, quien recibió el premio de derechos humanos 2010 del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, comparte con Desinformémonos que hay un imperio impune en nuestro país, las instituciones colapsadas, el crimen metido en las procuradurías, en las comandancias de las policías. Con su infiltración en los aparatos de justicia y en las mismas filas del Ejército ha hecho saber a las madres y padres de los normalistas que las investigaciones emprendidas por las autoridades mexicanas no buscan llegar a la verdad, por lo que están convencidos de que si no encuentran justicia en México, su exigencia continuará ante los organismos internacionales, sin importar el tiempo que se requiera.

Con el acompañamiento de las organizaciones nacionales, acudirán si es necesario a la Comisión o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “como una salida que allane el camino de la verdad, para que sean estas instancias las que ayuden a desmontar la estructura corrupta que persiste en México, y sean los organismos internacionales quienes finquen la responsabilidad por acción u omisión de las propias autoridades municipales, estatales y federales”.

En este peregrinar las víctimas han quedado relegadas, continúa Abel. El gobierno no les ha dado el lugar central que ocupan cuando su deber tuvo que ser escucharlas, hablarles con la verdad, informarlas adecuadamente, no revictimizarlas, como hizo en un principio al filtrar información a los medios. Información que “resultó ser falsa y golpes arteros a las mamás y los papás”.

Un gobierno que antepone la impunidad a la verdad

En diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús sobre la autopista de El Sol, Abel Barrera, quien en marzo de ese año recibió el VI de Derechos Humanos otorgado por Amnistía Internacional en Alemania, jamás se imaginó las violaciones a los derechos humanos que se cometerían contra los 43 normalistas. “Eso es algo que va a costar mucho a este gobierno, un gobierno que ha denigrado la imagen de los estudiantes al nombrarlos delincuentes; que los vinculó al crimen organizado y que justificó la agresión”. Un gobierno al que en estos 24 meses le importó más la imagen pública de las autoridades a nivel internacional, proteger a los responsables de la tragedia y que antepuso la impunidad a la verdad, enfatiza Abel.

Ayotzinapa es un punto de quiebre en el país, resume el defensor: “Mientras el gobierno intentaba ocultar la violencia y dar la imagen de ser un gobierno paladín de los derechos humanos, resultó ser más bien el gran simulador”.

Para Tlachinollan, los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre desvelaron la imagen falsa y quitó la careta de vocación democrática y de respeto a los derechos humanos. “Visibilizó los pies de barro de este sistema que cada vez más enloda la honorabilidad de las víctimas e incrementa el descontento social”.


 

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