[Educación] · Amplio rechazo al Operativo “Aprender 2016”, un ataque a la escuela pública.


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Se trata de un operativo nacional de evaluación educativa del macrismo, a realizarse en todo el país los días 18 y 19 de octubre de este año, en el que se pretende participen 1.400.000 de estudiantes de más de 30.000 escuelas de todo el país. El amplio rechazo por parte de buena parte de la comunidad educativa se basa en el carácter externo, estandarizado y punitivo de la prueba, en la línea de las evaluaciones educativas promovidas y co- financiadas por los organismos internacionales en varios países de América Latina desde los años ´90.

1/10/2016 · Por AnRed. Fuente: acá.


Ofensiva neoliberal a la educación

El debate de trasfondo es nada más ni nada menos que el de la educación entendida como derecho social, o bien como servicio, como mercancía. El proceso privatizador de la educación en nuestro país empieza con la última dictadura cívico-militar, en donde se sientan las bases (estratificación y dispersión del sistema) para un cambio paradigmático de la definición del rol del Estado en el campo de la educación, convirtiéndola en un elemento más del mercado. Luego este proceso es continuado durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, dando entrada a la injerencia de los organismos financieron internacionales en las propias reformas educativas de varios países latinoamericanos (creando vínculos estrechos entre programas económicos –créditos, préstamos- y programas educativos).

El sistema educativo público argentino sufre hoy un difícil momento: escuelas con graves deficiencias edilicias, reducción del presupuesto en todas las esferas, desmantelamiento de programas educativos y de formación docente, salarios docentes que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, falta de miles de vacantes en el nivel inicial, emergencia educativa por falta de docentes en varias zonas y distritos, entre otros. Ante este panorama, el Gobierno gasta millones de pesos en la elaboración, implementación, corrección y sistematización de las pruebas. Un contrasentido político que atenta fuertemente contra la educación pública del país.

El rechazo del Operativo

En este contexto, docentes y directivos por miles denuncian al Operativo en todo el país por tratarse de una evaluación externa que vulnera la autonomía de las instituciones educativas, que está sujeta a lineamientos de organismos de crédito internacional que plantean el uso discrecional de sus resultados para imponer reformas educativas de tipo neoliberal. La tendencia es crear una “cultura de la evaluación” que, como ha venido pasando en otros países, pueda luego dar argumentos para implementar reformas en el sistema educativo en miras de inducir qué contenidos deben darse y de optimizar costos para lograr “mejores resultados”, justificando de esta forma la necesidad de privatizar o tercerizar la educación pública, asociando estos procesos a la “calidad” educativa.

Se lo denuncia también en tanto se lo entiende en directa contradicción con las propuestas pedagógicas que día a día sostienen docentes en las aulas, y por las consecuencias que este tipo de proyectos tendrían para sus condiciones laborales como trabajadorxs de la educación y para las escuelas mismas–vía un sistema de premios y castigos. Es conocido el proceso en otros países en donde las evaluaciones de este tipo han traido aparejada la sujeción de los salarios docentes a los resultados de las evaluaciones realizadas tanto a estudiantes como docentes (vía “rankings” de escuelas y otro tipo de premios-castigos para docentes y escuelas). El colmo del avance en la precarización es el llamado que el Gobierno hace a los docentes a anotarse como aplicadores a sueldo (por $ 1000.-), por supuesto sin concursos.

Por otra parte, estas evaluaciones intervienen en forma directamente negativa en los procesos de aprendizaje de los alumnos, porque el proceso de enseñanza se ve interrumpido por las “preparaciones” necesarias para rendir las pruebas, por lo que los docentes se ven de alguna manera obligados a focalizar el proceso de enseñanza sobre los contenidos a ser evaluados (principalmente lengua y matemática). Esto genera un efecto claramente disciplinador. Por otro lado, al ser una evaluación estandarizada, única para todxs lxs niños del país, no tiene en cuenta particularidades (procesos y contextos de aprendizaje), y “tecnifica” la concepción de aprendizaje al esperar respuestas estándares por parte de lxs alumnxs.

Otro aspecto de estas evaluaciones estandarizadas es el referido a los contenidos educativos: en este proceso de legitimación de la cultura de la evaluación y de la necesidad de reformas educativas con el argumento de contrarrestar la “baja calidad” de la educación en nuestros países, se avanzaría en la imposición de contenidos tecnocráticos y pro-mercado. En palabras de Leandro Rodriguez, docente de tres escuelas medias de la Ciudad, “se intenta un poco estandarizar la educación con una vara y con criterios que no son debatidos por los propios docentes y la comunidad educativa sino que son criterios que vienen desde arriba y desde afuera de las escuelas y que estarían en función de aumentar la productividad de los alumnos-futuros trabajadores, en el sentido de hacerlos rendir más para las empresas pero en general sin fomentar mucho la conciencia crítica.”

También los gremios de diferentes provincias y de la Capital están en pie de alerta y se han pronunciado enérgicamente con actividades de denuncia y rechazo: reuniones, charlas, jornadas de debate, asambleas y petitorios. Algunos gremios están proponiendo no sólo la suspensión del Operativo sino el rechazo y la realización de un paro nacional para el día que comienza la evaluación. Es el caso de las conducciones opositoras de la conducción de CTERA en la provincia de Buenos Aires y otras del país. Ademys, por su parte, ha denunciado que “en abril se creó la Secretaría de Evaluación educativa (algo similar al Unidad de Evaluación de la Calidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires -el Instituto evaluador-) y en julio se lanzó, con un gran respaldo de los principales monopolios mediáticos, el plan Compromiso por la educación. Allí se realizó un ‘llamado a todos los argentinos a involucrarse en la educación’, que no es otra cosa que el pedido de explícita injerencia de empresas y ONGs en el sistema educativo formal. Además, y en sintonía con organismos empresarios y de crédito internacionales (Banco Mundial, OCDE, FMI, etc.) remarcaron la importancia de la evaluación.”

Marisabel Grau, docente y delegada de la escuela media N°2 del D.E. 13 y miembro del consejo directivo de Ademys explica el rechazo al Operativo: “nosotros nos oponemos a las evaluaciones del operativo Aprender 2016 porque son evaluaciones externas a la institución y al proceso educativo que desarrollan los estudiantes en las escuelas , son estandarizadas, es decir que es la misma evaluación para los chicos de todo el país, respondiendo a parámetros de rendimiento internacionales. De hecho son elaboradas por una empresa privada contratada por el Gobierno Nacional, siguiendo los lineamientos de esos organismos internacionales para medir la calidad y el rendimiento en términos empresariales, cuestión a la que nosotros nos oponemos porque entendemos que la educación no puede pensarse en ese sentido y menos aún atar a esos resultados evaluativos ni las condiciones laborales, ni el salario docente,ni los premios que van a recibir las escuelas, como es el objetivo del Ministerio de Educación de la Nación.”

SUTEBA, por su parte, ha elaborado una nota modelo de carácter legal para ser completada por todo aquel docente o directivo que quiera negarse a participar del Operativo, con argumentos jurídicos y pedagógicos.

El contenido del Operativo se ha debatido en asamblea en muchas escuelas, invitando incluso a las familias a interiorizarse y a ser parte del rechazo. Las escuelas se han organizado para debatir y elevar colectivamente sus fundamentos para el rechazo categórico del Operativo, exigiendo la marcha atrás del mismo, llamando a los docentes a no participar como aplicadores (docentes) y veedores (directivos) y a rechazar su aplicación en las escuelas. “Hay una muy mala recepción de todo lo que viene de arriba de la escuela, desde supervisión, y del GCBA, porque ha habido malas experiencias en estos ocho años con el Gobierno del PRO en la Ciudad. Yo comparto ese espíritu porque en general toda vez que hubo una actitud pro-activa por parte del GCBA hacia la escuela fue para imponer cuestiones y para aumentar el control y no para ayudar popositivamente en la calidad educativa realmente”, relata nuevamente Leandro. Por su parte, Fabio, docente y delegado de una escuela primaria del D.E. 7 nos dijo que “la evaluación que van a tomar no necesariamente tiene que ver con lo que los alumnos vienen estudiando, los maestros no participan de la elaboración, y pienso que la evaluación no puede estar disociada del proceso de enseñanza, sino que tiene que ser una instancia más de aprendizaje. Y esta evaluación “Operación Aprender” es una imposición que tiende a establecer una tabla de posiciones, como un forzado ranking meritocrático educativo que habilite a futuras reformas que son impuestas desde afuera.”

Y es que la educación pública es un bien común muy preciado para las mayorías en nuestro país, que se ha instalado en el imaginario social como un derecho y una conquista, un baluarte democratizador. La escuela pública en nuestro país ha sido arena de luchas de diferentes proyectos ideológico-políticos durante más de un siglo: qué escuela, para qué sujetos, con qué fines y con qué contenidos, han sido cuestiones disputadas con mucha fuerza por los actores sociales y políticos en diferentes épocas históricas. Las pretensiones privatizadoras y mercantilistas (productivismo y tecnocracia) del macrismo no son nuevas para quienes luchan día a día por proyectos político-pedagógicos comprometidos con la democratización y la emancipación de las mayorías. Esas certezas con respecto al valor de la escuela digna y de calidad, la que se pelea en las aulas y los patios de las escuelas, en las propuestas de enseñanza, en la marchas, en lo paros y las luchas reivindicativas son las que hicieron nacer y dieron fuerza al rechazo generalizado que hoy en día está sosteniendo amplia parte de la comunidad educativa contra el Operativo Aprender.

A futuro entonces será cuestión de ver si el macrismo redobla la apuesta y sostiene la realización de la evaluación, y por otro lado, en qué grado se logra avanzar desde los sectores educativos en lucha en la deslegitimación del proyecto educativo macrista, vía el amplio rechazo del Operativo Aprender. Y es que a los procesos de reforma educativa promovidos por los gobiernos neoliberales en nuestro país (como en casi toda Latinoamérica) se han opuesto históricamente complejos procesos de resistencia.

Quiénes serán evaluados

Participarán en ella todos los estudiantes de gestión pública y privada que cursen 6° grado de la primaria y los de 5° o 6° año de la secundaria (dependiendo de la estructura de nivel de cada jurisdicción). Además, a modo de muestra representativa, formará parte un grupo de estudiantes de 3° grado de primaria y de 2° o 3° año de la secundaria (según la estructura de nivel de cada jurisdicción).

 

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