[Entre Ríos] · Colectivo Cimarrón y Fuentealba manifestaron su preocupación por los recortes en educación.


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En el marco de un fuerte ajuste a la educación programado por el Gobierno Nacional y ejecutado por el Gobierno Provincial, dos agrupaciones de docentes entrerrianos emitieron un documento que ha sido enviado a ANALISIS DIGITAL donde han manifestado su postura en relación a esta coyuntura: “La realidad de los trabajadores de la educación no escapa a la crisis: flexibilización laboral, precarización, re categorización de escuelas y persecución son las respuestas de un gobierno hacia aquellos que luchan por una escuela pública, gratuita, laica y para todos”. En ese marco, consideraron “pantanoso” al presente de la educación pública denunciaron que “gran parte de los trabajadores de la educación” están por debajo de los niveles de pobreza según los números oficiales. Fuertes críticas a los gobiernos de Mauricio Macri y Gustavo Bordet.

Por Análisis Digital. Fuente: acá.


Por JCB de ANALISIS DIGITAL

Las agrupaciones Carlos Fuentealba y el Colectivo Cimarrón emitieron un comunicado en conjunto denunciando la realidad educativa provincial y nacional. Pusieron el eje en el cierre de los programas nacionales, el vaciamiento de los Centros de Actividades Juveniles e Infantiles y la posición que ha adoptado el Gobierno Provincial en relación al conflicto docente.

“Hace tiempo que desde el gobierno nacional vienen anunciado la mesiánica llegada del segundo semestre, sin embargo el mismo llegó con la buena nueva de que un 32 por ciento de la población argentina está bajo la línea de la pobreza y un 6 por ciento subsumido en la indigencia. También las cifras oficiales hablan de una canasta básica familiar algo por encima de los 12 mil pesos, lo que indica que gran parte de los trabajadores de la educación estamos bajo la línea de la pobreza”, señaló el documento.

En ese marco, describieron como “un escenario incierto” al final de este 2016 ante “un conflicto salarial abierto, la negativa del gobierno provincial de reabrir las paritarias y, por supuesto, sin una oferta, una inflación que se contrajo a partir de la caída del consumo”. “La realidad de los trabajadores de la educación no escapa a la crisis: flexibilización laboral, precarización, re categorización de escuelas y persecución son las respuestas de un gobierno hacia aquellos que luchan por una escuela pública, gratuita, laica y para todos”.

“En vez de acompañar a los docentes, escuchar las problemáticas que hay en las escuelas, ayudar en las mismas y hacerse cargo del rol que les compete como CGE, el gobierno se ha encargado de activar una serie de medidas utilizadas básicamente para la persecución de la docencia en su conjunto”, señaló el documento en relación a las recategorizaciones de las escuelas (con pérdida de cargos) y la directiva del CGE para que los directivos delaten a los docentes que hacen huelga.

El problema de los CAJ y CAI

El recorte comenzó tajante con el cierre de Planes Nacionales, en un escenario de flexibilización laboral que abonó el ajuste, se terminó el Conectar Igualdad, el Plan Fines o el Plan Mejoras (más allá de que se anuncie su retorno, continuará totalmente flexibilizado). “También quisieron dar por tierra con los Centros de Actividades Juveniles e Infantiles (CAJ y CAI), que supieron hacer retroceder en su decisión al Gobierno a través de la lucha y las intervenciones públicas. Lo cierto es que desde el CGE se anunció el retorno de CAJ y CAI, pero no depositaron más un peso y los trabajadores de los programas educativos hace cuatro meses que no cobran, realizando dichas actividades ‘a pulmón’”, tal como lo reflejó el artículo de ANALISIS DIGITAL donde los trabajadores de los CAJ y CAI denunciaron el vaciamiento.

Cada CAJ cuenta con un coordinador y varios talleristas que pueden ser de tres a seis: “Si hacemos números, sabiendo que en la provincia hay 82 CAJ’s, la cantidad de talleristas va de 246 a 492 y si a esta cifra le agregamos que cada tallerista cobra entre 800 a 1600 pesos en negro, podemos deducir que el monto total mensual en pesos q desembolsa la provincia seria de casi 400 mil pesos”. Para las organizaciones esta cifra comparada con el pago a los Fondos Buitres es “insignificante”. Además, reclamaron porque estos programas no se pagan desde mayo y que cuando se pagaban se hacía en negro.

En esa línea calificaron como “nefastas” las políticas nacionales de Mauricio Macri y Gustavo Bordet y denunciaron que apuntan “al vaciamiento de las escuelas públicas, al desfinanciamiento y a la precarización del sector docente”.

“Desde estas dos agrupaciones bregamos por políticas de inclusión verdaderas, una escuela pública laica y de calidad; es por eso que seguimos apostando a estos proyectos educativos a pesar de las mentiras de nuestros gobernantes y sus equitos de súbditos que en el discurso alzan las banderas de la inclusión pero que no lo acompañan con políticas educativas concretas”, agregaron.

Criticas al operativo nacional de evaluación Aprender

A partir de octubre se comenzarán con las evaluaciones del Operativo Nacional de Evaluación Aprender (ONE) obligatorias para tercer grado del nivel primario y 2º y 3º año del secundario. “Nos oponemos a la implementación de este tipo de evaluaciones porque nunca han mejorado el rendimiento educativo de los alumnos como pretende nuevamente esgrimir el Ministro de Educación Nacional Esteban Bullrich. Lo que sí es cierto es que toda esta política conlleva un mayor disciplinamiento y una subsunción educativa al capital”.

“¿Dónde vemos esto?: Cuando se proponen estándares de evaluación que tienen más que ver con la calidad del producto que con el desarrollo integral del estudiante, cuando comenzamos a utilizar conceptos de “calidad” educativa como si el conocimiento se pudiera medir en esos términos, cuando se introducen elementos propios del mundo empresarial como el P.E.I (dispositivo para mejorar el rendimiento empresarial) y cuando buscan homogeneizar al estudiante, abstrayéndolo de su territorio, en absoluta disonancia con las nuevas pedagogías que proponen una alternativa a este tipo de educación bancaria”, explicaron.

Además, se refirieron a la postura de la conducción Central de AGMER, bajo el mando de la agrupación Celeste: “Denunciamos a su vez el doble discurso de la conducción que, mientras acusa el carácter de estas evaluaciones no lleva adelante medida alguna para frenar su implementación”.

Exigen la derogación de la Resolución 2566

“Exigimos la derogación de la Resolución 2566/16 porque en términos reales es inaplicable y en términos políticos es persecutoria. Inaplicable porque aumenta el trabajo que el equipo directivo realiza habitualmente, teniendo ahora que cargar las asistencias e inasistencias en un término de 48 horas, lo que implica un doble trabajo, ya que la tarea central es impulsar, desarrollar y acompañar procesos pedagógicos significativos para la población escolar bajo su conducción y no convertirse en un mero empleado administrativo del funcionario de turno”.

“También es una resolución inaplicable porque demanda que las escuelas cuenten con acceso a internet, servicio el cual no se recibe un solo peso, y los escasos recursos de las cooperadoras, colaboradores y padres de las instituciones no pueden ser conducidos a pagar las ausencias de los insumos administrativos esenciales y menos aún para acallar el reclamo sobre su inexistencia”, agregaron.

Además, la señalaron como “persecutoria” en base a que surge a raíz del conflicto docente por recomposición salarial y “contra el ajuste en el sistema educativo”. “Busca quebrar los vínculos internos de cada institución, poniendo al directivo como brazo ejecutor del ajuste que denunciamos, ya que en su servilismo habita el descuento salarial del compañero que menor salario percibe”.

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