[Artículo] · Primeros meses del gobierno macrista.


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Por Periódico Libertad! | mayo 2016.


Protesta social, represión y derechos humanos

A pocas horas de que Macri ganara las elecciones presidenciales, desde una nota editorial del periódico La Nación, se pedía al nuevo gobierno por los militares encarcelados por los crímenes de la dictadura militar, y desde otros medios se agitaba el fantasma del indulto. El nuevo gobierno rápidamente salió a desmarcarse, y al día de hoy los juicios continúan, incluso sigue complicado César Milani, máxima autoridad del Ejército Argentino (hoy pasado a retiro) nombrado por Cristina Fernández, acusado de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y allanamiento ilegal. La visita de parte del presidente de los Estados Unidos, más la noticia de la desclasificación de archivos de la época de la dictadura cívico militar argentina iniciada en 1976, le permitirán mantener la fachada durante un buen tiempo.

La primera prueba en cuanto a la represión a los trabajadores la tuvo rápidamente con el conflicto de la empresa avícola Cresta Roja. Tal como prometió en campaña, el gobierno de Macri disolvió un corte de ruta mantenido por trabajadores en reclamo por sueldos adeudados y pérdida de puestos de trabajo. El mensaje a la clase trabajadora fue claro. El operativo fue similar a los utilizados por Sergio Berni, secretario de seguridad del gobierno anterior. La brutalidad, la misma que tantos laburantes sufrieron en los cortes de panamericana o zona norte, sólo por dar un ejemplo. El uso de carros hidrantes o balas de goma es una decisión política y técnica, no marca diferencia de fondo. Lo novedoso es la aprobación de un supuesto protocolo para regular la protesta social, algo que el Frente para la Victoria intentó en 2014 a pedido de Cristina, pero no continuo por las fuertes críticas. El nuevo gobierno no tiene que mantener un relato progresista y por lo tanto sí logro el apoyo de muchas provincias. Este protocolo pretende burocratizar las marchas y poder reprimir a los grupos que no quieran negociar como y donde se protesta. Como si fuera un mal chiste, la cara visible de todo esto es Patricia Bullrich, quien siendo ministra de trabajo en 2001, no tuvo problemas en reducir un 13% el salario de trabajadores estatales y jubilados.

El caso de Milagros Sala fue el primer ensayo de cómo tratar a los movimientos políticos o sociales que no se alineen. Demonizada por los medios de prensa y el partido que hoy está en el gobierno, la organizacón barrial Túpac Amaru (ese es su nombre, pero en la práctica es un partido político y Milagros Sala fue electa como parlamentaria del Mercosur) creció en la última década al amparo y con el dinero del Estado nacional. Esto le permitió un gran poder en lo territorial, que puso a total disposición del anterior gobierno.

El gobierno de Macri necesita condenarla por cualquier delito, (de ahí la desprolijidad y la legalidad, o no, a la hora de su detención) para conformar a gran parte de su electorado y dar un tiro por elevación al kirchnerismo y sus prácticas políticas.

Todo indica que los nuevos dueños del Estado intentarán mejorar aún más el control social y mantener a raya los reclamos de los trabajadores. Las herramientas las tienen, ya que el anterior gobierno aumentó considerablemente el número de policías, puso a Gendarmería Nacional y Prefectura en las calles, aprobó la Ley Antiterrorista y por si fuera necesario, lavó la imagen del Ejército utilizándolo en situaciones graves como inundaciones, postas sanitarias, etc.

El tiempo y la resistencia dirán si el gobierno de cambiemos, logrará superar los cerca de 100 presos políticos, o los miles de procesados por la judicialización de la protesta de los periodos kirchneristas y si continuará haciendo vista gorda con los casos de gatillo fácil.

Los trabajadores como variable de ajuste

De los últimos datos (oficiales del gobierno anterior) de la evolución del empleo, se desprende que en 2015 creció en 180000 el número de trabajadores (fuente: chequeados). Este valor es extraído directamente de las empresas privadas, por lo que en principio no dejarían lugar a duda. Ahora, si reconocemos que el 30 % de los trabajadores está en negro, podemos comenzar a ver que ese crecimiento puede ser simplemente el pase a planta (en blanco) de personas ya ocupadas, con lo que no son más personas trabajando, sino algunas con cambio de situación. A este tema habría que sumarle las contrataciones que realiza el Estado con las cuales se jacta de generar empleo real, mientras lo realiza en condiciones pésimas como, por ejemplo, contratar como monotributista a los empleados como si fuesen prestadores de servicios. Esto es claramente evasión, esa misma por la que la AFIP sale de cacería.

Esto, que es parte de la llamada “herencia”, y pareciera que es cosa de los tramposos kirchneristas, fue y es también moneda común en la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de lo que cualquier persona puede prejuzgar teniendo en cuenta el perfil de Mauricio Macri (y de lo que el mismo dijo en el debate presidencial), durante su gobierno en CABA, la planta de empleados estatales creció en 9000 en el último mandato, y en su mayoría fueron contratados como monotributistas (si es herencia, deben ser familia porque parece genético). Como ejemplo podemos citar a los famosos “Guardias Urbanos” quienes estaban en su mayoría por contrato de la manera citada.

Somos testigos (víctimas) de cómo los trabajadores pagamos todos los verretines de unos y otros, de los de ahora y los de antes, los ¿buenos y los malos? Harto sabido es que el salario es uno de los métodos más efectivos del control social, cuya causa principal es que al que realiza el trabajo se le otorga una fracción de lo que produce (dicho de otra forma, el empleador se roba el resto), pero si a eso se le suma que por trabajar hay que pagar un impuesto nos sume en un barro irritante por demás. El famoso impuesto a las ganancias, que el gobierno anterior manipuló para que paguen más trabajadores, ahora está en manos del gobierno presente que, obviamente, no cumple con su promesa de campaña de corregir las escalas (la famosa tablita) sino que introduce modificaciones que logran que más laburantes e incluso los jubilados, paguen el impuesto.

Esto hay que entenderlo en el contexto en el que se transfieren divisas a sectores que dicen, estaban atrasados, pero que año a año tuvieron record de ganancias, como por ejemplo, la quita de retenciones al campo, a la minería, aumento de los servicios con la promesa de reinversión, quita de regulación bancaria y despidos en el sector privado por el enfriamiento de la economía estatal para reducir el gasto. Es claro que hay un plan diferente al anterior, que aunque conlleve el mismo destino que sus antecesores (explotación, mantención de privilegios, etc.), nsurca un camino diferente. A esta altura se puede confirmar que la idea es llevar la desocupación a niveles más altos (se habla entre el 15 y el 20 %), para que esa masa de laburantes desempleados presionen sobre los salarios, haciéndolos caer de manera estrepitosa (si más gente pelea el mismo puesto, el patrón busca al que le cobre menos por realizar la misma tarea), logrando algo buscado por la patronal hace tiempo: la suspensión de las paritarias.

Debido al cambio de signo político, y a pesar de que se hizo campaña por la buena onda, única propuesta clara, ha comenzado la caza de brujas en los lugares claves de trabajo, dándole mayor dimensión a la grieta social. Ejemplos de esto son el cierre de oficinas enteras del Banco Central donde se investiga el lavado de divisas (esto envuelve al grupo Clarín y al HSBC, cuyo gerente ahora es parte del gobierno a cargo de una UFI) o las encargadas de recibir los reclamos por acciones fraudulentas de los bancos. Los despidos, se produjeron en distintas áreas, entre ellas las destinadas a la coordinación de inspecciones en cuevas financieras, despidiendo a todos los que participaron en los operativos durante el 2015 (¡qué mensaje!), y la de Promoción de Derechos Humanos (investigaban los desvíos de fondos de la última dictadura). (nota de Brenda Struminger La Nación, 26 de febrero de 2016). En el Banco Nación por su parte, según trascendió, los primeros telegramas de despido – que incluyeron perfiles técnicos y administrativos – llegaron en navidad y comenzaron desvinculando a los empleados que habían sido nombrados el año pasado. Es difícil para nosotros medir estos despidos que si bien llaman la atención, no dejamos de ver que muchos cargos también son políticos, y como con los embajadores, fueron puestos a último momento simplemente para dejar piedras en el camino.

La estigmatización mediática de los trabajadores despedidos sin auditoría pero ya condenados socialmente por ñoquis (muchos de los cuales fueron reincorporados como, por ejemplo, trabajadores del senado, que hablando de manipulación de datos, se dijo que no entraban todos juntos en el congreso a laburar, omitiendo el hecho de que muchos de ellos son trabajadores de campo, es decir, realizan su tarea fuera del congreso), muestra a las claras la intención de recorte de gasto por parte del Estado, llevada a cabo de la manera más burda y torpe posible. Esto nos recuerda al accionar de los K pregonando que cualquiera que los criticase, automáticamente pasaba a estar en contra del “Modelo” y era perseguido y apretado por algún órgano estatal o matones varios (burda y torpemente).

Para cerrar, no podemos dejar de mencionar las paritarias. La campaña de la felicidad estuvo surcada también por la promesa de no poner un techo salarial, pero esto se complicó. Entre octubre y diciembre del año 2015, por motivos varios (un poco de herencia, otro poco de especulación y otro de miedo al fin del mundo), hubo una inflación del 10 %, lo que da una interanual del 40 %, único indicador con el que cuentan los gremios para el reclamo salarial. Pero al ministro de economía le pareció mejor decir que con un 25 % estaba bien (siempre con el argumento de que “con la herencia que nos dejaron” todos teníamos que hacer un esfuerzo), superando en 5 % al techo que luego pondría el presidente, esgrimiendo que la inflación anual será aproximadamente del 20%. En medio de esto, el INDEC no proporciona datos (seguramente no pueda por el desbarajuste dejado, pero hay otro tanto de no conveniencia) y el Congreso, que antes hacía sus mediciones (recuérdese a Bullrich con el cartelito)” extrañamente” demora demasiado en dar los números que otrora sacaban como pan caliente.

Habría, a esta altura, que incluir el cierre de la empresa ARZinc, que procesaba minerales que ella misma extraía, pero que debido a la quita de retenciones al sector, deciden exportar materia prima que procesar, los 600 despidos en elmega proyecto Atucha III y los 2400 despidos más que espera la UOCRA para estos días (El Cronista Comercial 29/2), sumados a los cerca de 30.000 cesanteados en el sector por suspensión de la obra pública, y la proyección para fines de marzo, que es contar por 70.000 el total sólo en ese sector y mientras la UOCRA, a la altura de los acontecimientos, se pelea consigo misma por copar una sede en Neuquén, pareciera que el único reclamo de los sindicalistas es el del impuesto a las ganancias, que como les fue contrario a sus aspiraciones, buscan reunificar la CGT (otra vez) quedando en el aire la sensación de no reclamar tanto por miedo a más despidos. Por el lado de gastronómicos, su secretario Barrionuevo, informó el cierre de nada menos que el 20% del total de los negocios del gremio. Un balance al cierre de la semana (mediados de marzo), según los datos dados porATE, los despidos en las distintas áreas de Nación suma más de 3000. Más de 7000 entre distintas intendencias del conurbano. Las provincias sumaban sus despidos: 832 en municipios de Catamarca (FpV), 1000 en Tierra del Fuego, gobernada por el FpV, y 1600 en Mendoza, donde gobierna una coalición encabezada por el radicalismo.

La inacción de los sindicatos, como siempre, transpira olor a traición, que debe marcar el despertar de los trabajadores en la resolución de sus problemas.

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