[Originarios] · Criminalización y racismo contra los Tupinambá, en Brasil.

 


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Por Desinformémonos | 18/11/2016


La última detención de un indígena Tupinambá que lucha por la restitución de su territorio fue la del cacique Luciano Akauã el pasado 21 de octubre. La demanda legal para demarcar esta Tierra Indígena en el sur del estado de Bahía, noreste brasileño, comenzó hace 15 años, pero su lucha lleva por lo menos 80 desde que finqueros y hacendados fueron despojando a los indígenas de la tierra que la ocupaban. Una historia que se repite en todo Brasil al igual que sus consecuencias actuales.

El arresto del cacique fue el mismo día que el Superior Tribunal de Justicia descartó el recurso interpuesto por los finqueros para evitar la entrega del territorio a los indígenas dentro del procesos legal que ya ha pasado todas las etapas de prueba.

Esta última querella comenzó en 2013 con el argumentando racista de que las poblaciones Tupinambá no tendrían el derecho a la tierra pues, en palabras de la defensa de los hacendados, se trata de “mestizos resultantes del cruce que ocurrió entre indios y no indios que (…) llegaron a la escena más tarde“.

En las noticias de aquel día no se informó la decisión del Tribunal de Justicia contra el recursos legal que impidió durante tres años la restitución del territorio. Una votación que favoreció a los Tupinambá, entre otros motivos, por no ser discutible legalmente el cuestionamiento a la identidad indígena.

Sin embargo, en los medios locales salió en la nota roja la versión oficial de la detención del cacique Akauã, donde describieron como en un operativo de la 69ª Compañía Independiente de Policía Militar se habían parado al cacique en un camino vecinal, encontrando en la motocicleta que viajaba marihuana por lo que fue detenido por el delito de posesión de drogas.

Los indígenas en un comunicado denunciaron que la detención del cacique no fue fortuita, sino en represalia al falso rumor de que ellos harían retomadas haciendas, frente a lo cual los finqueros, con el respaldo de la Policía Militar, habrían transitaron días antes del arresto por la región intimidado a los indígenas con mensajes como los de “no se metan con nuestra gente” o “díganles que tienen hijos para criar”, como relatan en el comunicado.

La situación no fue diferente a la de siete meses antes (7/04/2016) cuando detuvieron al cacique Babau y su hermano por “portación ilegal de armas”. Del mismo modo, se divulgó en los medios locales el relato oficial en el que decían como durante un operativo llevado acabo también por 69ª Compañía Independiente de Policía Militar, los agentes habrían sido agredidos iniciando una persecución que terminó con la detención de los indígenas, encontrando en su carro armas de fuego por lo que fueron detenidos “en flagrante”.

La versión oficial es también distinta al relato de los indígenas quienes explican que la detención fue en respuesta a la oposición que él y otros caciques mantienen contra el lucrativo negocio de extracción de arena en el territorio indígena para la industriara de la construcción, explotación que provocó ya la erosión del delicado suelo de la selva en esta zona y la sedimentación en los ríos cercanos.

En la noticias tampoco se informó que la relatora especial de la ONU para los derechos indígenas visitó unas semanas antes a los Tupinambá para constatar la recomendaciones previas y recibir nuevas imputaciones de violaciones a los derechos humanos indígenas, cuan denunciaron, entre otras cosas, precisamente la extracción ilegal de recursos naturales en el territorio indígena con el respaldo de las autoridades, como lo muestran los videos que se han producido para divulgar el problema.

En aquel momento, la relatora de la ONU declaró que advertía en su viaje de trabajo por Brasil la repetición y la semejanzas entre los casos, lo cual la llevó a recomendar en su informe final la “realización de una Investigación Nacional para medir las denuncias de violaciones de (…) derechos [indígenas] y (…) reconocer los errores de Estado y proporcionar reparación por violaciones de derechos humanos”.

En el encuentro con la relatora, los Tupinambá también denunciaron la permanente criminalización de sus caciques y representantes por gobiernos, jueces y corporaciones policíacas en contubernio y a favor de los intereses de los finqueros, como se constata en la imputación de todo tipo delitos y flagrantes preparados para detener a sus líderes, configurando una forma de control policíaco del movimiento indígena por el territorio.

Fue bajo ese modus operandi que la cacique Maria Valdelice fue detenida en 2011 por formación de pandilla y despojo, en represalia a su postura de continuar retomando haciendas para garantizar tierra a los indígenas sin ella y presionar el impasse gubernamental para demarcar la Tierra Indígena. Solo liberada después de un mes de cárcel y cuatro meses de arresto domiciliario.

Fue también el modus operandi con el cual Babau fue acusado, en 2014, del asesinato de un agricultor a unos días de su viaje al Vaticano para entregar al papa informes de la violencia a los pueblos indígenas en Brasil, el cual no pudo realizar. Siete días después fue liberado de la prisión por falta de pruebas, sumando una detención al expediente que junto a otras acusaciones infundadas mantienen al cacique en el Programa de Protección del gobierno federal a los Defensores de Derechos Humanos.

En ese ambiente no es difícil escuchar de cualquier Tupinambá que está en la lucha por el territorio que hay que perder el miedo de ser detenido, pues la mayoría se encuentran con expedientes policíacos abiertos por delitos forjados o acusados de ocupar las tierras que se encuentran ya delimitadas y solo esperan la publicación oficial del informe para comenzar el proceso de demarcación e indemnización de los finqueros.

La persecución y criminalización de los representantes Tupinambá configura en la formalidad legal violencia de Estado por acción y omisión de las autoridades, lo que ha notado ya la relatora de la ONU. Violencia por la que han pasado la mayoría de los caciques y líderes acusados de crimines como los de robo, asesinato, violación, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, etc., reduciendo la lucha indígena por el territorio y sus derechos actuales e históricos a la nota roja, contribuyendo a la estereotipada imagen que los no indígenas de la región y el país tienen sobre estas poblaciónes.

Estos actos abiertos de discriminación y racismo son practicados por las propias autoridades que se niegan a reconocerlos como pueblos originarios por tratarse, en sus palabras, de “mestizos”, para lo cual buscaron en un última jugada legal y política a favor de los finqueros fragmentar el territorio ya delimitado en áreas descontinuas que serían cedidas a cada cacique, manteniendo así las exenciones de las haciendas. Contrario a la demanda de las 47.376 hectáreas ocupadas tradicionalmente por ellos.

También son prácticas comunes en los finqueros que a través de su Asociación, irónicamente llamada de Pequeños Agricultores (Asociación de Pequeños Productores Agricultores de Ilhéus, Una y Buerarema), afirma que restituir las tierras a los indígenas es desperdiciar la capacidad productiva de ese suelo y un atentado a la propiedad privada, en concordancia al discurso nacional del agro negocio y su bancada en las cámaras de diputados y senadores.

Confrontación que ha llevado a ataques fiscos contra los Tupinambá por personas comunes que consideran a estas poblaciones delincuentes y por las propias guardias blancas que han financiado los finqueros, que en los momentos más álgidos llevó a la necesidad de militarizar la zona para evitar las escaladas de violencia contra los indígenas.

El escenario cíclico de enfrentamientos pudo evitarse por el gobierno Dilma en 2012 cuando no había impedimento legal para demarcar la Tierra Indígena, pero, por la omisión y el desinterés gubernamental en aquel momento, los finqueros consiguieron tiempo para interponer recursos legales que solo fueron descartados en fechas recientes, alargando hasta ahora el tenso conflicto.

En este contexto, la detención del cacique Akauã podría ser la última o solo una más en la lista. Esto porque, por un lado, sin el actual impedimento legal para demarcar la Tierra Tupinambá por la decisión del Superior Tribunal, las autoridades federales deberían restituir el territorio en los próximos meses, iniciando el proceso de demarcación e indemnización que, por los tiempos y obligaciones legales, debería haberse realizado desde 2012.

Pero, por otro lado, el gobierno de Brasil, tomado por el conservador vicepresidente, podría continuar alargando la restitución del territorio incumplimiento las obligaciones del Estados Brasileño para con los indígenas, pues se ha manifestado contrario a cualquier propiedad social y tradicional, así como favorable a la revisión de las prerrogativas legales de los pueblos indígenas.

El rumbo que tome la demarcaciones de esta Tierra Indígena y otras que están en esta misma condición, permitirá también saber si el discurso de legalidad que el gobierno marca en todas sus comunicaciones para legitimar sus políticas se refiere a acatar la constitución brasileña que garantiza a los indígenas derechos como pocas legislación en el mundo, o se refiere solo a las leyes que favorecen su proyecto abiertamente neoliberal y conservador, colaborara a la violencia de Estado que los Tupinambá han expresado en todas sus denuncias, resumida en su último comunicado:

“Estamos todos oprimidos y preocupados con lo que pueda pasar de ahora en adelante, pues sabemos que de la misma forma traicionera que sucedieron la detenciones del cacique Babau y Luciano pueden crear delitos a cualquier miembro del movimiento indígena (…), pedimos que se toman las medidas necesarias sobre los policías que actúan como milicias”.

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