Morir en la cárcel (Acerca de la reforma a la Ley de Ejecución Penal).


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Por CORREPI | Fuente: acá.

14/12/2016


Hay un orden social y hay políticas destinadas a preservarlo y garantizarlo. Esa parece ser la ratio -aparentemente inocua- de toda ley que se precie. Que deja de serlo cuando se asume que esa ley completa la justicia penal que, además, impera en un sistema hegemónico como el que padecemos.

La media sanción en la cámara diputados del proyecto de reforma a la ley 24.660, promovido por el legislador radical de Cambiemos Luis Petri, va en ese sentido.
Esa ley nacional regula todo lo referente al proceso de ejecución penal, es decir, establece la manera en que el detenido en las cárceles argentinas deberá cumplir su condena.
En ese contexto -por lo menos hasta ahora- se reconocen una serie de derechos -mal llamados beneficios- que indican los requisitos que habilitan la reinserción social del preso en la última etapa del cumplimiento de su pena.
Conceptos como libertad asistida, transitoria y condicional, juegan un rol determinante. A su modo, consagran un concepto superior y distintivo dentro del mismo proceso: la progresividad de los derechos adquiridos por el preso.
La reforma en cuestión pretende desbaratar esa progresividad.
Al reclamar más complicados y exigentes requisitos de conducta y concepto, al ampliar la gama de los delitos que los excluyen, lo que se evidencia es un endurecimiento de la ley preexistente, haciendo de la prisionalización un objetivo presuntamente ejemplificador y altamente disciplinante.
Si la reforma impulsada por el radical mendocino prospera, la frase acuñada por los presos, “quieren que nos pudramos en la cárcel”. se convierte en elocuente retrato de la realidad.
No alcanza la buena conducta, hace falta el “Ejemplar 10”; tampoco el buen concepto, sino el “excelente”, y, a los delitos que antes se caracterizaba solamente por la violencia desplegada se suma el “robo” (el delito contra la propiedad por antonomasia y por el que están presa más del 70% de la población carcelaria de todo el país).
Todo ello, sin dejar de notar que la valoración de la conducta la realizan los mismos encargados de la vigilancia (los mismos que administran, coordinan y ejecutan cuanta actividad ilícita se despliega paredes adentro).
Todo ello sin pasar por alto el deplorable estado de hacinamiento y superpoblación que tienen las más de 250 cárceles argentinas.
Todo ello sin silenciar que hay tres sistemas reguladores (el del código penal, el del código de seguridad penitenciaria y el del código de sobrevivencia) que, naturalmente, sumen en el desconcierto y la despersonalización a quien debe “pagar su deuda con la sociedad” y que, en más de la mitad de los casos, debe irse antes de recibir condena firme, es decir, presumiendo su inocencia.
Todo ello sin dejar de apreciar el doble disciplinamiento que esta situación acarrea para la familia, que “está encarcelada con uno” como alguien supo describir alguna vez.

La cárcel para exterminar

No lo decimos nosotros, lo sostiene el autor de la reforma cuando por arte de birlibirloque deja de oponer el castigo con la seguridad y, en clave de provocación, postula que aquel concepto constitucional que tanto progresista repetía, creyendo que era una verdad despojada de toda necesidad política de los sectores dominantes, eso de que “La cárcel no es para castigo sino para seguridad”, no es otra cosa que un viejo apotegma caído en desuso.
La reforma pretende que el castigo dentro del castigo se consagre como norma, y ahora no solo tácita.
Como anotamos en nuestro último informe sobre la situación represiva en el país, de los 4.960 muertos a manos del estado que hemos recopilado circunstanciadamente, el 39% corresponde a detenidos en cárceles y comisarías.
La pregunta recae, entonces, sobre cuántos muertos más tendremos en un universo carcelario que prácticamente se duplica cada diez años en los últimos tiempos (de 34.000 presos en el año 1999 pasamos a 69.000 en 2014[1]).
En las 34 cárceles que tiene el Servicio Penitenciario Federal en todo el país, viven como pueden 10 mil presos (y casi la misma cantidad de uniformados), pero el sistema penitenciario bonaerense encierra a 32 mil, y los 27 mil restantes se reparten en las demás cárceles provinciales (de todos ellos apenas el 5% es extranjero, mal que le pese al senador Picheto).
La masividad de la cárcel la convierte en un verdadero depósito para el exterminio de seres humanos, de gran utilidad cuando se trata de un sistema económico, político y social que basa su “éxito” en el excedente poblacional y la concentración de recursos y riqueza en pocas manos.

Hasta 2011, la Argentina ocupaba el ranking 16 de cantidad de presos por país, que cómodamente punteaba EEUU[2]. Todo un dato que, proyectado conforme las variables económicas sufridas, en especial en este último año, nos respaldan.
Esta reforma viene a cerrar el enfoque que caracteriza a Cambiemos, el incremento inusitado del poder represivo del estado.
La mayor intensidad del acometimiento persecutorio, que se da en el tándem ley-policía-justicia-cárcel, viene de la mano de las políticas de desocupación creciente, tendencia a la flexibilización y aumento de la pobreza, que alienta el gobierno de los ricos. La fortaleza del estado policial queda definitivamente atada a la suerte de este proyecto.

Consenso y lucha de clases

Todos sabemos que estas movidas legales se inspiran en diversos resortes del poder político. Uno de ellos, tal vez el más consistente, sea el del consenso en el que suelen ampararse los legisladores de poca monta, pero funcionales al poder real.
Saben que para hegemonizar por mucho tiempo necesitan legitimar su discurso con la aprobación ciudadana. Que el uso de la fuerza sin respaldo es para los estados de excepción, cortos en el tiempo, y que, en cambio, la simbiosis entre la coerción y el aplauso suele dar oxígeno a democracias formales.
La inseguridad, la guerra contra el crimen organizado, el narcoterrorismo, son el maquillaje con el que encubren el miedo, el terror que imponen directamente abastecidos desde el complejo mediático que tienen a su servicio, y con el que facturan reformas como ésta.
Pero insisten en ignorar la realidad que se enmarca en la lucha de clases, y que, más temprano que tarde, como ocurrió con el paquete de leyes Blumberg, los supera y desenmascara.
Se manejan con la lógica de quienes desembozadamente vinculan delito con pobreza y ven un terrorista urbano allí en donde sólo hay un limpiavidrios.
Las respuestas, cuando llegan al gobierno, las conocemos: esta reforma es una de ellas.

[1] Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación (2015).
[2] International Center For Prison Studes (Londres 2011).

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